La iniciativa, que además lleva las firmas de los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, y de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, propone un conjunto de prerrogativas de políticas públicas en materia de consumo, tanto para promover la educación, el ejercicio de derechos, el acceso a la información, la prevención de estafas, abusos y publicidad engañosa, como así también para atender un grave problema en el consumo posmoderno: el sobreendeudamiento.

Por otro lado, la norma propone la descentralización de funciones hacia los gobiernos locales con todas las facultades que hoy tiene el Estado provincial a través de la decisión propia de cada municipio o comuna en sus ordenanzas de adhesión. De esta forma, se consolida la política de delegación que ya adoptó la actual gestión provincial, la cual duplicó las Oficinas Locales del Consumidor, y también delegó la facultad de celebración de audiencias de conciliación.

En relación a la autoridad de aplicación, el proyecto propone que la ejecución de las políticas integrales en materia de defensa del consumidor siga en la órbita del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, para que a través de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios, se pongan en marcha todos los mecanismos que la ley propuesta determina, a saber:

>> Un sistema de reclamos en la vía administrativa con procesos, plazos y la despapelización como premisas fundamentales;

>> un proceso de reclamo judicial con la gratuidad, celeridad, y participación de las partes involucradas apostando a juzgados y recursos más ágiles en el tiempo y los recursos;

>> la participación de las asociaciones de consumidores como actores claves en la protección integral de derechos del consumidor, haciéndolos parte del reclamo administrativo, las audiencias y los juicios;

>> el involucramiento de las universidades, colegios profesionales, municipios, comunas, y la comunidad académica para el asesoramiento y ejecución de las políticas de consumo;

>> el establecimiento de un procedimiento que haga efectivo el régimen de sanciones dispuesto por la legislación de fondo, es decir, la Ley Nacional de Defensa del Consumidor Nº 24.240.

Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, indicó que “cumpliendo lo informado en su discurso anual a la Legislatura el pasado 1º de mayo, el gobernador Omar Perotti está a su vez cumpliendo con las y los vecinos de la provincia. Merecemos tener mecanismos de prevención y resolución de los problemas diarios del consumidor y el usuario más ágiles, donde no tengamos que estar todos los días discutiendo si corresponde o no un reclamo, o si el plazo para resolverlo es mayor o menor. Con esta propuesta de ley Santa Fe va a tener mejores servicios de defensa del consumidor”.

“Esperamos volver a compartir visiones, proyectos, y tener una ley de defensa del consumidor muy pronto, y por eso queremos agradecer todos los aportes; ahora viene el momento del diálogo parlamentario”, concluyó.

Por su parte, la directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, señaló que “esta ley es el fruto de un trabajo arduo, que nos llevó mucho tiempo, atendiendo a los aportes de diferentes sectores académicos, sociales, políticos y no gubernamentales, como así también el trabajo de la Comisión Santa Fe + Justicia que interactuó con la autoridad de aplicación”. Además, “las consultas con juristas y especialistas universitarios, y la discusión provincial que encaramos desde el gobierno, hicieron que hoy podamos proponer una ley de vanguardia, moderna, ágil y con la descentralización y la celeridad en como ejes”.